Además de fenómenos como la migración en busca de oportunidades de subsistencia y la negación histórica del sistema sobre las comunidades indígenas mexicanas, la reducción en el número de hablantes de las lenguas originarias se explica también por la falta de cumplimiento de los acuerdos locales e internacionales suscritos por el gobierno federal y por los convenientes errores en el conteo de individuos que pertenecen a alguno de los pueblos originarios del país. Uno de los muchos ejemplos de ello sucede también en Michoacán, donde se reconoce la existencia de cuatro lenguas indígenas mientras que al menos otras siete carecen de atención institucional para su preservación.

Frente a las acciones por el Día Internacional de la Lengua Materna, instituido por la UNESCO cada 21 de febrero desde 1999, sobresale la queja de algunos promotores indigenistas en Michoacán como Ismael García Marcelino, literato del sector purépecha, e Ireneo Rojas, surgido del mismo pueblo y adscrito a la Universidad Michoacana, quienes desde años anteriores denuncian irregularidades en los censos relizados por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) sobre la población autóctona nacional, lo que por lo menos el escritor explica como un ardid gubernamental para destinar un menor monto de inversión a los programas sociales diseñados para el sector indígena al manipular a la baja los conteos del INEGI.

El propio gobierno estatal michoacano reconoció lo anterior a través de una declaración de quien entonces era el titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI), Alfonso Vargas Romero, quien el 22 de junio de 2011 indicó que el INEGI informaba de una disminución sostenida en el número de hablantes de entre 5 y 14 años de edad, pues en 1990 ese sector representaba 6.9 por ciento de los practicantes de su lengua originaria, mientras que 10 años después su participación se redujo a 6.6 por ciento, y en 2010 se ubicó en 6.1 por ciento del total de hablantes en el estado.

Y aunque la estadística es real, y por lo mismo constituye un llamado de atención a las instituciones encargadas de promover la permanencia lingüística, existen evidencias de que el conteo oficial es erróneo, ya que en el censo sólo se toman en cuenta ciertas características culturales para considerar que un individuo es indígena, lo que colocó a Michoacán en el lugar número 14 de la tabla nacional en el año 2000 con 121 mil 849 indígenas, sin tomar en cuenta a los menores de cinco años ni a los que habitan en el sector urbano y que ya no son hablantes de su lengua originaria, pues de tomarse en cuenta como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se hablaría de una población de entre 500 mil y 700 mil personas en Michoacán, según la SPI en su página oficial (http://spi.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=279).

El dilema michoacano.

A pesar de que el estado de Michoacán alcanzó un reconocimiento nacional e internacional sobre el papel que juega la cultura tanto en su rutina social como en el sostenimiento de su economía interna, y que surge de un sincretismo vivo en que se conjunta la expresión artística contemporánea con el ritual histórico de los pueblos indígenas, el peso del sector autóctono en la toma de decisiones oficiales no es tan influyente como en otras entidades, razón por la cual, y por mencionar sólo un ejemplo, se eligió a Michoacán para realizar el Foro Nacional de Cultura (eufemismo de Foro Nacional de Artistas) convocado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el pasado 14 de febrero, en apoyo al precandidato presidencial por las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, mientras que el mismo foro, pero especializado en el indigenismo mexicano se realizó en Oaxaca, estado en el que ciertamente existen mayores rezagos para el sector originario, pero cuya presencia es más decisiva en la conducción de la política pública.

Para la realidad michoacana, ese fenómeno se traduce en una contradicción: la industria turística estatal, que es la segunda fuente de divisas después del envío de remesas de migrantes, tiene a las tradiciones y a la artesanía indígena como su prinicipal imán de visitantes, muy por encima de los festivales artísticos de nivel internacional en términos cuantitativos; en contraste, la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) carece de un censo sobre el número de artesanos o sobre los tipos de artesanía que se producen en la entidad, mientras que la Secretaría de Política Social (Sepsol) y el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun) reconocen que son precisamente las comunidades indígenas, las que hacen posible la llegada de turistas, las que viven en los niveles de alto y muy alto grado de marginación en lo que corresponde al territorio estatal.

Una explicación sobre ese alto grado de marginalidad que vive el sector indígena michoacano se refleja precisamente en el reconocimiento oficial a sus lenguas. Una tabla comparativa publicada por la SPI indica que en el censo del año 2000 (no hay explicación sobre la falta de actualización) había un total de 121 mil 849 hablantes de lenguas originarias mayores de cinco años en el estado, y aunque no se menciona en la tabla, los servicios públicos de que dispone cada etnia es proporcional a su número hablantes: 109 mil 361 del purépecha; 4 mil 706 del náhuatl; 4 mil 338 del mazahua, y 732 del otomí, aunque había también otros 2 mil 712 en la categoría de “otros”, pero que juntos representan al menos otras siete lenguas indígenas: mixtecos, zapotecos, amuzgos, tlapanecos, totonacas, mayas y tzeltales, sin que ellos formen una población flotante (eso sería un argumento de descargo para el sector gubernamental), sino que se trata en su mayoría de jóvenes que habitan las casas de estudiantes y están inscritos en la Universidad Michoacana sin que exista una estrategia ni universitaria ni gubernamental para la preservación de su propia lengua en el entorno urbano.

La paradoja nacional.

A pesar de que el conteo oficial sobre el número de indígenas en Michoacán refleja siempre una cifra menor a la real, el estado se mantiene dentro del círculo de las entidades con más de 100 mil hablantes de lenguas originarias, lo que le permite acceder a convenios y programas instrumentados por la federación, como el recientemente firmado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el 12 de octubre de 2011, “con el objetivo de llevar a cabo programas, proyectos y acciones para impulsar el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el estado: purépecha, náhuatl, mazahua y otomí (nótese que no se menciona al resto de las lenguas ya señaladas). Además, con el convenio se establecen ‘los lazos de colaboración para poner en funcionamiento el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán’”, dedicado principalmente a la producción de traductores, aunque hasta el momento no es evidente el beneficio que aporta a la ciudadanía.

Y es precisamente la creación y contratación de traductores a los idiomas originarios la acción más recurrida por la Secretaría de Desarrollo Socia (Sedesol), aunque su colocación en la mesa de discusiones por parte del titular de esa dependencia, Heriberto Félix Guerra, surgió del escándalo y no de una estrategia preconcebida, como lo ejemplifica el caso del ex funcionario de Sedesol en Michoacán, Carlos Talavera Leal, quien en los últimos días de diciembre anterior publicó en su cuenta de Facebook comentarios despectivos sobre las mujeres del pueblo purépecha, lo que causó incluso un pronunciamiento de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, al cual pertenece, para deslindarse del entonces funcionario, así como su despido de la dependencia, pero también el anuncio de Félix Guerra sobre incrementar la contratación de traductores en lenguas originarias y un informe sobre el número de indígenas que atiende el programa Oportunidades en el país, y que entonces se observó como una simple, pero urgente estrategia de contención de daños.

Pero por encima de los acuerdos firmados por el gobierno de Michoacán para la protección de las lenguas indígenas y que todavía no alcanzan resultados fehacientes, y el pronunciamiento de Heriberto Félix Guerra que más parece pertenecer al acervo de un anecdotario que a una política de estado, existe una ley de alcance nacional que pretende garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Dicha ley, publicada en 2003 y reformada en 2010 es también un compendio de intenciones que en su gran mayoría permanecen incumplidas, pues basta leer sólo dos de sus 25 artículos, el sexto (que habla sobre el derecho del sector indígena a tener sus propios medios electrónicos de comunicación, mientras que en la vida real reciben las incursiones del Ejército y la policía para desmantelar sus radios comunitarias), y séptimo (relativo a la obligación de los gobiernos para atender trámites en lengua originaria, como la expedición de una licencia de conducir, por ejemplo) para visualizar la distancia que existe entre la realidad de nuestros días y la de una sociedad que parecería risiblemente utópica, aunque esa utopía es en verdad un latigazo a la conciencia grupal:

“(Artículo 6) el Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo con la legislación aplicable para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

“Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: A).- en el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas; B).- en los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias…”.

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Fuente: Érick Alba. Periódico "La Jornada de Michoacán".